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| La cuestión. Más allá de
proponer una reforma constitucional o estatutaria, lo que
supone el plan es la demolición de los pilares
sobre los que hoy se levanta el Estado español. Y ahí ya cada
cual puede tener su punto de vista: el recogido en la Constitución
o el que defiende Ibarretxe. |
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Ibarretxe ha emprendido una huida hacia delante.
El sábado leíamos en la prensa nacional el texto íntegro
de lo que pretende ser un nuevo marco para Euskadi y el conjunto
del país. El Plan Ibarretxe, que apoyándose en mitad de la
sociedad vasca se intenta imponer a la otra mitad y al resto de
los españoles, vuelve a ser una maniobra hábil y muy calculada.
La lectura de la propuesta de cambio del lehendakari y sus secuaces
se puede entender como una auténtica burla. Y no por lo que a primera
vista es, en efecto, un plan de integración del País Vasco en España,
a pesar de lo que han tratado de vender populares y socialistas,
sino por su trasfondo. El problema reside en la génesis del
nuevo escenario. Por eso el plan Ibarretxe no entra en la
Constitución española, porque parte de supuestos que chocan directamente
con el espíritu y la letra del texto aprobado en 1978.
La afirmación de un "pueblo vasco", cuando es el pueblo español
-en su sentido más amplio- el sujeto en el que descansa el poder
constituyente originario, ya implica una afrenta, y de gran calibre.
Más allá de proponer una reforma constitucional o estatutaria, lo
que supone el plan es la demolición de los pilares
sobre los que hoy se levanta el Estado español. Y ahí ya cada cual
puede tener su punto de vista: el recogido en la Constitución o
el que defiende Ibarretxe.
Pero, ¿qué busca en realidad el PNV? Pues nada nuevo, el rechazo
a su propuesta en nombre de las normas que sustentan el Estado.
Eso que les permite mostrarse como víctimas de la opresión de los
partidos constitucionalistas y de las instituciones. Un discurso
que Arzalluz y compañía han sabido rentabilizar con mucha
tenacidad en votos y más votos. Porque con propuestas como
ésta, ya saben de antemano que en Madrid tienen la batalla perdida.
Y no por capricho, sino porque bajo todo cuerpo legal siempre existen
unos principios que no pueden moldearse al gusto de cada uno. O
de unos pocos. En democracia, claro. |